By Kelly Heilman, J.D. | 2026, published on c-Fam org
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UNITED NATIONS, July 31 (C-Fam) EU-backed groups promoted an international right to assisted suicide and government-sanctioned euthanasia programs in negotiations of a new legally binding UN treaty on the rights of older persons last week.
The Intergovernmental Working Group on the Human Rights of Older Persons, tasked with drafting the new treaty, held the first consultation on the content and scope of the treaty last week. While most governments focused on protections against age discrimination and neglect, non-governmental groups funded by the European Union called for the treaty to include controversial obligations related to “sexual and reproductive rights,” DEI, gender ideology, and even the “right to die with dignity.”
The EU-funded non-governmental organization AGE Platform Europe criticized the fact that assisted suicide is usually seen as a “taboo” subject. They called for more “open discussion” and the incorporation of research conducted by the World Health Organization.
The Americas National Human Rights Institution (NHRI) Network, representing a range of human rights institutions, also funded by the European Union and the UN system, called for the treaty to include “reproductive rights” and “the right to die with dignity.” They also said the treaty should adopt an “intersectional approach.” This approach integrates woke gender and DEI priorities across all policy areas.
The negotiations are taking place against the background of highly charged political debates in several countries. France recently legalized euthanasia and has been heavily criticized for not adopting sufficient safeguards for disabled, elderly, or mentally impaired individuals. The Labour government in the United Kingdom tried to pass a euthanasia law last year, but it stalled after disability advocates raised concerns. At the same time, countries where euthanasia is already legal, including Canada, Belgium, Spain and the Netherlands, are increasingly coming under fire for allowing assisted suicide for children, the elderly, and disabled persons, and persons only diagnosed with depression.
The World Health Organization does not oppose assisted suicide. It quietly accepts it without actively promoting it. WHO promotes the notion of “death with dignity” instead. Even though it is the same term used by euthanasia advocates, WHO says “death with dignity” refers to palliative care to help manage pain in all contexts regardless of the legal status of euthanasia.
Some disability rights groups are not aware of the dangers of including ambiguous “death with dignity” provisions in the new treaty. Others assume that the treaty will allow euthanasia in some form as part of the “death with dignity” provision, much like the WHO approach.
“Where medical assistance in dying exists, eligibility must rest on the fact that the person is dying, never on disability or old age,” Inclusion Canada said. However, while claiming to protect those with disabilities or mental illness, they also said: “no advance document may authorize ending a person’s life without contemporaneous consent.” In other words, with consent, care, and support, older people can readily consider death as an option.
The new treaty has been discussed as a possibility for close to two decades. Disability groups support the treaty to add further safeguards against ageism, exclusion, and discrimination in international law. They say the treaty must treat older persons as full rights holders rather than passive recipients of care.
The Intergovernmental Working Group on the Human Rights of Older Persons will continue to hold consultations for the next two years. The working group is expected to provide an initial draft of the treaty by the end of the consultations.
[ESPAÑOL]
NACIONES UNIDAS, 31 de julio (C-Fam). La semana pasada, organizaciones financiadas por la Unión Europea promovieron el reconocimiento de un derecho internacional al suicidio asistido y a programas de eutanasia autorizados por los gobiernos durante las negociaciones de un nuevo tratado jurídicamente vinculante de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores.
El Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, encargado de redactar el nuevo tratado, celebró la semana pasada la primera consulta sobre el contenido y el alcance del texto. Mientras que la mayoría de los gobiernos centraron sus intervenciones en la protección frente a la discriminación por razón de edad y el abandono, diversas organizaciones no gubernamentales financiadas por la Unión Europea solicitaron que el tratado incluyera controvertidas obligaciones relacionadas con los «derechos sexuales y reproductivos», las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), la ideología de género e incluso el «derecho a morir con dignidad».
La organización no gubernamental AGE Platform Europe, financiada por la Unión Europea, criticó que el suicidio asistido siga considerándose habitualmente un tema «tabú». Sus representantes reclamaron un debate más abierto y la incorporación de investigaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La Red Americana de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (NHRI), que agrupa a diversas instituciones de derechos humanos y también recibe financiación de la Unión Europea y del sistema de las Naciones Unidas, pidió igualmente que el tratado incluyera los «derechos reproductivos» y el «derecho a morir con dignidad». Además, propuso que el tratado adoptara un «enfoque interseccional», que integra las prioridades de la ideología de género y de las políticas DEI en todas las áreas de actuación pública.
Las negociaciones se desarrollan en un contexto de intensos debates políticos en varios países. Francia legalizó recientemente la eutanasia y ha recibido fuertes críticas por no establecer garantías suficientes para las personas con discapacidad, los ancianos o quienes padecen trastornos mentales. En el Reino Unido, el Gobierno laborista intentó aprobar el año pasado una ley sobre eutanasia, pero la iniciativa quedó paralizada tras las objeciones planteadas por organizaciones de defensa de las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, países donde la eutanasia ya es legal, como Canadá, Bélgica, España y los Países Bajos, son objeto de críticas crecientes por permitir el suicidio asistido en supuestos que afectan a menores, personas mayores, personas con discapacidad o personas cuyo único diagnóstico es la depresión.
La Organización Mundial de la Salud no se opone al suicidio asistido. Lo acepta de manera implícita, aunque sin promoverlo activamente. En su lugar, la OMS utiliza el concepto de «muerte con dignidad». Aunque se trata del mismo término empleado por los defensores de la eutanasia, la OMS sostiene que dicha expresión se refiere a los cuidados paliativos destinados a aliviar el dolor en cualquier contexto, con independencia de que la eutanasia sea o no legal.
Algunas organizaciones de defensa de las personas con discapacidad no son conscientes de los riesgos que supondría incluir en el nuevo tratado disposiciones ambiguas sobre la «muerte con dignidad». Otras consideran que el tratado terminará permitiendo alguna forma de eutanasia a través de esa cláusula, siguiendo un planteamiento similar al de la OMS.
«Cuando exista asistencia médica para morir, la posibilidad de acceder a ella debe basarse exclusivamente en que la persona se encuentre en fase terminal, y nunca en la discapacidad o la edad», afirmó Inclusion Canada. No obstante, la misma organización añadió que «ningún documento de instrucciones previas puede autorizar poner fin a la vida de una persona sin su consentimiento actual». En otras palabras, con el consentimiento, la atención y el apoyo adecuados, las personas mayores podrían considerar la muerte como una opción.
La posibilidad de aprobar este nuevo tratado lleva casi dos décadas sobre la mesa. Las organizaciones que representan a las personas con discapacidad apoyan su adopción para reforzar las garantías internacionales frente al edadismo, la exclusión y la discriminación. Sostienen que el tratado debe reconocer a las personas mayores como titulares plenos de derechos y no como simples destinatarias pasivas de cuidados.
El Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores continuará celebrando consultas durante los próximos dos años. Se espera que, al término de ese proceso, presente un primer borrador del nuevo tratado.