Publicado en el diario El Debate  04 jul. 2026, By Diego Medina

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Las leyes no son el punto final del derecho, sino apenas el inicio de un proceso en el que los juristas —abogados, jueces, fiscales, etc.— desempeñan su papel decisivo: transformar esas normas abstractas en soluciones concretas para la resolución de problemas reales.

Habitualmente, cuando intentamos «imaginar» al derecho, es decir, encerrarlo en un concepto determinado o, dicho de otro modo, cuando en sede teórica se pretende hacer una representación de su significado, es habitual representarlo como un conjunto de normas de comportamiento que, acompañadas de sanciones, pretenden organizar la vida social. Sin embargo, debemos aclarar que esta imagen «normativa» del derecho, aunque extendida, resulta sin embargo errónea. El derecho es, ante todo, o debería de ser, un mecanismo social de resolución de conflictos, un instrumento de dialogo mediante el cual podemos encontrar el camino de conciliación de intereses en las relaciones sociales (como sostuvo el segundo Ihering), diálogo ordenado, además, a favorecer el «bien común». Si así lo consideramos, podremos sostener que el derecho no es algo que simplemente «existe», sino que, sobre todo, el derecho es algo que usamos y practicamos, en orden a conciliar nuestro bien personal con el bien común, para así solucionar los problemas que nuestro vivir cotidiano nos proporciona.

Por esta razón, en respeto de esta percepción del derecho como parte de la vida cotidiana, cada vez que he tenido ocasión de hacerlo, he defendido, en muchos de mis trabajos, que «el Derecho se hace haciéndolo». Con ello he querido resaltar lo necesario que resulta, cuanto menos para los operadores jurídicos, admitir que el derecho consiste en una actividad que hacen los juristas (como igualmente la medicina es la actividad que hacen los médicos); lo que significa que el derecho no es una realidad terminada (no es un todo normativo pleno y perfecto, como nos ha querido presentar la modernidad y sobre todo el positivismo jurídico) y que, menos aún, el derecho puede contenerse en catálogos normativos (meros instrumentos jurídicos al servicio de la actividad jurídica), sino que el derecho se materializa (se plasma, se substancia, se manifiesta en lo concreto) cada vez que un jurista interviene para resolver un conflicto determinado y único y cada vez que se acuerda una concreta decisión para resolverlo.

Esta idea, aparentemente simple, tiene, sin embargo, consecuencias profundas. Supone entender que las leyes no son el punto final del derecho, sino apenas el inicio de un proceso en el que los juristas —abogados, jueces, fiscales, etc.— desempeñan su papel decisivo: transformar esas normas abstractas en soluciones concretas para la resolución de problemas reales.

Tal percepción del «Derecho», como idónea práctica comunicativa encaminada a la resolución de conflictos sociales, que se materializa, a manera «de arte» (como nos informa Celso) mediante decisiones que concretan «lo bueno» y «lo justo» (en cada caso), exige tener presentes dos cuestiones claves, dos cuestiones esenciales a lo jurídico, necesarias para comprender cuál es la «función del jurista» («el oficio del jurista» o lo que es igual, ¿qué nos puede ofrecer el «Derecho» y quiénes lo practican?), tales cuestiones a debatir son las siguientes: ¿qué papel juega realmente el Derecho Natural en esa actividad? y ¿cuál es la verdadera vocación práctica del «Derecho»?

El derecho como actividad: más que normas, decisiones

Para entender esta concepción pragmática del derecho, puede resultarnos útil una comparación con otra importante actividad social: la práctica de la medicina. Si preguntásemos a cualquier persona que nos diga qué es la medicina, seguramente muy pocos responderían que la medicina consiste en conocer protocolos médicos o aplicar recetas de forma automática. Ser médico implica poner el conocimiento teórico adquirido durante años al servicio de casos concretos, para diagnosticar, valorar y decidir en cada caso cómo podemos sanar al enfermo. La medicina, pues, es la actividad que desarrollan cotidianamente los profesionales que a ella se dedican, y por ello la medicina se distingue claramente de la ciencia médica y los instrumentos médicos (que, aun siendo importantes, solo son un auxilio para el profesional en su quehacer médico cotidiano).

Algo similar a ello podemos predicar también acerca del derecho. Aunque las normas jurídicas son instrumentos jurídicos importantes, no bastan por sí solas para resolver los problemas que surgen en sociedad; las normas son, como decimos, meros instrumentos que el jurista puede y debe utilizar para «hacer derecho», pero en modo alguno son el «Derecho», el derecho es la actividad o «arte» que practica el jurista. Como todos sabemos, la realidad social es demasiado compleja para que se puedan resolver sus contrariedades o complicaciones mediante simples reglas generales aplicadas mecánica o silogísticamente. Por eso, el núcleo de todo derecho no está en la ley, sino en la decisión que resuelve un caso concreto.

Así pues, el derecho sólo se concreta (se materializa) en la decisión del «caso», y es en este proceso de decisión (de la sentencia, por ejemplo) donde las normas (como instrumentos) encuentran su sentido. Las decisiones jurídicas resuelven el conflicto social y tales decisiones concretas son, siempre, el producto de un operador jurídico-social (jueces, abogados, órganos administrativos, etc.) que con sus decisiones (como arte práctico) resuelve conflictos y restablece la convivencia.

La vocación práctica del derecho: hacer justicia

Entonces, si concluimos que el derecho es, sobre todo, una práctica encaminada a evitar o resolver el conflicto social, ¿cómo habría de materializarse esa finalidad? La respuesta se nos antoja clara: el derecho es un arte que pretende facilitar la tarea de «hacer justicia»; es decir, la justicia es la finalidad que persigue cualquier actividad jurídica y, por esta razón, todavía, al conjunto de órganos encargados (por nuestra Constitución) de resolver y decidir las contiendas jurídicas, reciben el nombre de «Administración de Justicia»; es decir, el ideario popular sostiene que lo que se hace aún en nuestros tribunales y juzgados es precisamente impartir justicia y, con ello, sostiene (al menos el pueblo así lo sigue creyendo) que nuestros sistemas políticos constitucionales deben garantizar la existencia de un Poder Judicial «independiente» capaz de garantizar el Estado de Derecho y orientar la actuación del Estado y de sus ciudadanos a la consecución del «Bien Común».

La justicia, pues, se nos revela como el fin principalmente ambicionado por el pueblo, pueblo que aún cree en el derecho y en la independencia de sus operadores, de modo que la justicia debe ser, en todo caso, el objetivo o propósito a conseguir en cada decisión jurídica; ahora bien, ¿qué es la justicia? Esta cuestión ha originado un debate que a lo largo de la historia ha ocupado numerosa literatura, pocos son los autores que, preocupados por el derecho, han dejado de considerar en sus construcciones doctrinales, de un modo u otro, esta cuestión, ya haya sido para reivindicarla como para renunciar a ella. Ahora bien, la justicia a veces ha sido considerada como la forma de un valor o una categoría abstracta y algunos autores, por ello, erróneamente la han pretendido encerrar entre las ciegas paredes conceptuales, tratando de definirla como si se estuviera ante una idea abstracta o universal; la justicia no es algo abstracto, la justicia, como nos enseñara Aristóteles, es siempre una realidad concreta y práctica (e incluso, hasta variable, según el caso) que se manifiesta en las relaciones humanas, en casos concretos, con contemplación y respeto de la estructura de la comunidad política, fundamentada en la búsqueda del «bien común» y la equidad. La justicia, así entendida, es una virtud práctica (que debe alumbrar a los juristas en sus decisiones) encaminada a resolver los conflictos conforme a criterios objetivos (normas) y orientada al «bien común».

Por lo tanto, la justicia (como virtud orientadora del derecho) requiere manifestarse en situaciones concretas, lo que impide o, cuanto menos, dificulta que podamos «encerrarla» en un concepto abstracto y generalizado. La justicia es una virtud incapaz de manifestarse en abstracto, de ahí que las normas jurídicas (meros instrumentos o patrones al servicio de la actividad jurídica) no puedan ser adjetivadas de justas o injustas; las normas pueden ser mejores o peores (en tanto que faciliten la labor de los juristas o la compliquen), idóneas o inútiles (en tanto que sirvan o no a los fines para los que son adoptadas), lógicas o absurdas (en tanto resulten congruentes y entendibles o incongruentes e indescifrables), pero de las normas, en si mismas, no se puede predicar la justicia, pues justa o injusta será sólo la decisión adoptada por el jurista en cada caso concreto. Al igual que no existe «el guante justo» en abstracto y sólo cuando lo relacionamos con una mano concreta podremos predicar que se ajusta o no a ella, la justicia no está, ni puede estar, en las normas, sino en el uso que de ellas haga un jurista para resolver un problema concreto. Quiero decir que el derecho no admite soluciones universales válidas para todos los casos; cada caso requiere «una respuesta concreta, proporcionada y específica». Por esta razón, cuando nos referimos, por ejemplo, al Derecho Natural, al menos en su concepción tradicional, no es posible definir a esa realidad, como algunos han pretendido, a modo de un ordenamiento o conjunto de normas perfectas, absolutas y perennes, sino todo lo contrario, el Derecho Natural está relacionado con el conjunto de principios éticos universales, inherentes a la condición humana, que nuestra «razón» reconoce por «sentido común», sin necesidad de leyes escritas; principios que sirven, como dijese Álvaro d’Ors, como límite del derecho positivo, basándose en la «razón práctica» y el «buen juicio». De este modo, el «sentido común» se nos presenta, en tanto que «filosofía práctica de los juristas», como una sabiduría llana o «saber común del derecho» como lo llamó Elías de Tejada, mediante el cual percibimos el orden que rige la naturaleza de las cosas y que nos ayuda u orienta en el momento de decidir con justicia.

El papel del jurista: creador de derecho en la práctica

Desde esta perspectiva, la figura del jurista adquiere una relevancia decisiva. Lejos de desempeñar un papel pasivo, los juristas participan activamente en la construcción del derecho. Los abogados no se limitan a invocar normas, sino que elaboran argumentos complejos destinados a sostener las pretensiones de sus clientes. Los jueces, por su parte, tampoco se circunscriben a aplicar la ley, sino que deben interpretar, valorar y decidir cuál es la solución «más justa» (quod iustum est) en cada caso. Incluso la doctrina jurídica, elaborada por los juristas teóricos contribuye a este proceso creativo del derecho, al proporcionar marcos conceptuales y argumentos que enriquecen la práctica.

El derecho se manifiesta, así como una obra colectiva y dinámica, en la que intervienen múltiples actores. No es un sistema cerrado que se impone normativamente desde arriba, sino que, por el contrario, se trata de un proceso en continuo desarrollo, que se va configurando «en su acontecer cotidiano» a través de la interacción entre normas, argumentos y decisiones de casos concretos, actividad que siempre debe estar presidida por el «buen juicio».

Hace unos días, en una conferencia que impartió mi querido colega Alfredo Cruz Prados en Córdoba, dirigiéndose a los alumnos, que asistían para oírle en el Salón de Actos, les preguntaba acerca de la razón por la cual todos se habían sentado en la zona de auditorio y ninguno había ocupado un sitio en la mesa principal del salón, para después explicarles que, pese a que no había ninguna norma positiva que así lo estableciese, el «buen juicio» de los alumnos les había informado de su deber de sentarse como público y no como conferenciantes, respetando así, espontáneamente, el orden natural del Acto académico. Pues bien, ese es un buen ejemplo de cómo, por lo general, cualquier situación en nuestras vidas no necesita estar reglada por normas para que reconozcamos «nuestra situación» (nuestro papel) en la concreta relación en la que nos encontremos insertos y que sepamos comportarnos adecuadamente a esa situación. Esa es la forma en la que básicamente opera el Derecho Natural, informándonos de cuál debe ser nuestro comportamiento o actuación en cada momento o situación de la vida, con arreglo al «buen juicio». Otra cosa distinta, sin embargo, es que, pese a reconocer el «orden de las cosas», cada uno de nosotros esté dispuesto a cumplir con arreglo al «buen juicio» (o sentido común) «nuestro deber» de acomodarnos al dictado del Derecho Natural. Precisamente esta última circunstancia es, en buena parte, la que justifica y hace necesario al derecho positivo.

Derecho Natural: las dos formas de entenderlo

Llegado a este punto, parece necesario dirigir nuestra atención hacia esa realidad jurídica que tradicionalmente ha venido reconocida con el título de «Derecho Natural», realidad que nos informa en el ejercicio del «buen juicio».

La Modernidad, especialmente a partir de la Ilustración, desarrolló una concepción del Derecho Natural basada en la ciega confianza de que la razón, en abstracto, está capacitada para conocer y definir el mundo. Según este punto de vista, la todopoderosa razón (humana) estaría capacitada para diseñar un sistema jurídico universal y válido para todos los tiempos y lugares imaginables; de ahí que la noción de Derecho Natural postulada por la mayoría de los autores ilustrados se manifieste como un sistema jurídico normativo fundamentado en nociones racionales perfectas e inmutables. Con todo, esa postura se nos antoja errónea, pues la vida desborda necesariamente todo sistema de conceptos y toda clasificación normativa de carácter general, dado que la experiencia humana es ontológicamente anterior a la norma jurídica. Las relaciones entre las personas, aun circunscritas al ámbito objeto de regulación por el derecho, se caracterizan por una notable complejidad y por la existencia de innumerables variables y matices.

En todo caso, pese al manifiesto exagerado optimismo acerca de la razón (que todo lo puede) del que participaron los ilustrados, este idealizado modelo jurídico tuvo, como se sabe, una enorme influencia en el proceso de codificación y en la aparición del positivismo jurídico, consolidando la idea de que el derecho puede reducirse a un conjunto coherente de normas emanadas del legislador que, dada su plenitud, regularizaría cualquier hipotética situación jurídica. Por otra parte, la jurisprudencia heredera de la pandectística pretendió también elaborar, incurriendo en un defecto metodológico en cierto modo paralelo al del iusnaturalismo racionalista, una sistemática jurídica susceptible de aplicación universal a todos los supuestos de la vida real. Sin embargo, como sabemos, el resultado de este posicionamiento teórico fue material y pragmáticamente catastrófico, puesto que, entre otras cosas, el positivismo (con su principio de legalidad por encima de la justicia) hizo posible, entre otros resultados, situaciones tan injustas como las vividas en la Europa de entreguerras.

Esta concepción de Derecho Natural, fomentada por el racionalismo moderno, quiso entender al derecho como un instrumento ordenador de la sociedad, con arreglo a normas (supuestamente racionales y consensuadas) ignorando, para ello, que la vida es un hecho sobre todo histórico y no tanto racional y que la propia vida social (histórico-concreta, es decir, reflejada en las sociedades históricas) nos ofrece mecanismos que, con alguna dosis de «buen juicio» sirven para resolver las diferencias que las relaciones sociales producen. Cualquiera puede advertir que una realidad tan inmediata y concreta como el derecho no se identifica con tales construcciones abstractas; por el contrario, el derecho constituye, ante todo, una manifestación de la vida social, parcialmente cristalizada en normas, aun cuando no se reduzca únicamente a ellas. De hecho, hasta la ruptura con la sociedad tradicional los instrumentos jurídicos (normas y principios) habían sido producto del propio «buen hacer de los juristas», siendo aquel derecho el resultado histórico de la actividad humana y no momento lógico abstraído para siempre por una operación mental de la corriente vital, empírica, que la Ilustración impuso . La aspiración de los ilustrados y de su Derecho Natural (normativo y perenne) se traduce, sin lugar a duda, en rigidez y desconexión respecto de la realidad, de modo que surge la sospecha de que aquellos autores, al privilegiar la ley como expresión de la suprema Razón, trataron de recortar el papel del jurista (y su independencia) condenándolos a una función meramente subordinada, quedando, para ello, sujetos al dictado de la ley (y en consecuencia a la voluntad de quien la dicta).

Frente a esta visión del Derecho Natural podemos contemplar otra muy distinta; me refiero al Derecho Natural tradicional, que presenta un carácter radicalmente distinto. Lejos de ocuparse en constituir un sistema abstracto y cerrado, este otro —y anterior— Derecho Natural se concibe como un hacer práctico en orden al mantenimiento de un status de paz con un horizonte moral, es decir, la concreción posible de un status de justicia. No se trata de un conjunto de normas universales previamente dadas, sino de un saber hacer que se materializa en la experiencia, a través de la resolución de casos concretos. Su signo de identidad es, por tanto, histórico, evolutivo y abierto a la contingencia.

Este enfoque reconoce que la realidad social es cambiante y que las soluciones jurídicas deben adaptarse a las circunstancias. En lugar de ofrecer respuestas prefabricadas, el Derecho Natural tradicional proporciona criterios que ayudan al jurista a tomar decisiones prudentes y ajustadas a cada situación. Precisamente por ello, el Derecho Natural clásico no aparece como una construcción racional abstracta desvinculada de la experiencia histórica, sino como una instancia crítica orientada a fiscalizar el ejercicio del poder político y a servir de contrapeso frente a la posible absolutización del derecho positivo. La ley humana, en cuanto expresión formalizada de la voluntad estatal, no encuentra en sí misma el fundamento último de su obligatoriedad moral, sino que debe permanecer ordenada a la justicia y al bien común.

De este modo, el Derecho Natural tradicional no niega la historicidad ni la diversidad de las situaciones humanas, sino que precisamente las incorpora a su propia comprensión del fenómeno jurídico. Ya Santo Tomás advertía que los principios comunes de la lex naturalis no podían aplicarse de manera idéntica a todos los supuestos concretos, razón por la cual las leyes positivas debían diversificarse según las condiciones históricas y sociales de cada comunidad. Ello explica que el iusnaturalismo clásico admita soluciones particulares y modulaciones prudenciales sin renunciar por ello a la existencia de principios permanentes de justicia.

En este sentido, el Derecho Natural tradicional supera claramente la concepción moderna del Derecho Natural propia del racionalismo, pues no pretende deducir mecánicamente todo el orden jurídico desde principios abstractos e invariables. Antes bien, entiende el derecho como una realidad práctica, inseparable de la experiencia histórica y de la dimensión moral de la convivencia humana. De ahí que pueda desempeñar una función simultáneamente jurídica y suprajurídica: jurídica, porque orienta concretamente la acción y la interpretación del derecho positivo; y suprajurídica, porque ofrece un criterio de valoración capaz de limitar críticamente al propio ordenamiento cuando éste se aparta de las exigencias de la justicia.

En definitiva, el Derecho Natural tradicional se revela como una concepción jurídica más rica y realista que la ofrecida por el racionalismo moderno y por el positivismo normativista. Frente a la pretensión de reducir el derecho a un sistema abstracto de normas o deducciones lógicas, el iusnaturalismo clásico comprende el fenómeno jurídico como una realidad práctica, histórica y orientada a la justicia concreta. Precisamente por ello, conserva su capacidad para actuar como criterio de legitimidad y límite frente al poder político, evitando la identificación absoluta entre legalidad y justicia. Su permanente actualidad reside, así, en ofrecer al derecho positivo una orientación ética sin desligarlo de la complejidad cambiante de la vida social.

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Law as Activity: More Than Rules

Whenever we attempt to conceive of law—that is, to define it within a particular concept or, in other words, to formulate a theoretical account of its meaning—we usually portray it as a body of rules of conduct, backed by sanctions, designed to regulate social life. This normative image of law is widespread, but it is also misleading.

Law is, first and foremost—or at least it ought to be—a social mechanism for resolving conflicts. It is a means of dialogue through which competing interests within society may be reconciled, as the later Rudolf von Ihering argued. This dialogue is ultimately directed toward the promotion of the common good. From this perspective, law is not simply something that exists; above all, it is something that we use and practice in order to reconcile our individual good with the common good and thereby address the problems that inevitably arise in everyday life.

For this reason, and in keeping with this understanding of law as an integral part of ordinary human experience, I have often argued in my writings that "law is made by doing it." By this I mean that, at least for legal professionals, it is essential to recognize that law consists in an activity carried out by jurists, just as medicine consists in the activity performed by physicians. Law is therefore not a finished reality. It is not a complete and self-sufficient normative system, as modernity—and especially legal positivism—has often suggested. Nor can it be reduced to collections of statutory provisions, which are merely legal instruments placed at the service of legal practice. Rather, law takes concrete form each time a jurist intervenes to resolve a unique dispute and each time a specific decision is reached to settle it.

This apparently simple insight has profound implications. It means that legislation is not the final stage of law but merely the beginning of a process in which legal professionals—judges, lawyers, prosecutors, and others—play the decisive role of transforming abstract rules into concrete solutions for real human problems.

This understanding of law as a communicative practice directed toward the resolution of social conflicts, embodied—as Celsus famously described it—in the art of determining what is good and just in each particular case, requires us to address two fundamental questions. These questions are indispensable for understanding the true function of the jurist—that is, what law, and those who practice it, can genuinely offer society. They are: What role does Natural Law actually play in this activity? And what is the true practical vocation of law?

Law as Activity: Decisions Rather Than Rules

To understand this practical conception of law, it is helpful to compare it with another essential social practice: medicine.

If we were to ask people what medicine is, very few would answer that it consists merely in knowing medical protocols or mechanically applying standardized treatments. To be a physician is to place years of acquired theoretical knowledge at the service of particular patients: to diagnose, assess, and decide how best to restore health in each individual case. Medicine, therefore, is fundamentally the activity carried out by medical professionals in their daily practice. This distinguishes medicine from medical science and from medical instruments, which, important though they are, remain only aids to the physician's professional work.

The same can be said of law. Legal rules are indispensable instruments, but they are not sufficient in themselves to resolve the countless problems that arise within society. Rules are tools that jurists employ in the practice of law; they are not, in themselves, the law. Social reality is far too complex for its conflicts to be resolved simply by the mechanical or syllogistic application of general rules. The true core of law lies not in legislation but in the decision that resolves a particular dispute.

Law therefore becomes concrete only through the decision rendered in an individual case. It is precisely in this process of decision-making—for example, in the judicial opinion—that legal rules, as instruments, acquire their true significance. Judicial decisions resolve social conflicts, and every such decision is the product of a legal actor—judges, lawyers, administrative authorities, and others—who, through the exercise of practical judgment, restores social harmony.

The Practical Vocation of Law: Doing Justice

If we accept that law is, above all, a practical activity aimed at preventing or resolving social conflict, the next question naturally arises: how should this purpose be fulfilled?

The answer seems clear. Law is an art whose purpose is to make justice possible. Justice is the ultimate end of every legal activity. For this reason, the institutions entrusted by our Constitution with the task of resolving legal disputes are still collectively known as the Administration of Justice. The very expression reflects a deeply rooted conviction: that courts exist not merely to apply legislation but to do justice. It also reflects the enduring belief that a constitutional system requires an independent judiciary capable of safeguarding the rule of law and directing both public authority and private conduct toward the common good.

Justice therefore emerges as the goal that society expects the law to achieve. People continue to place their trust in law because they believe that its practitioners are capable of acting independently and fairly. Every legal decision should therefore strive to achieve justice.

But what is justice?

This question has generated one of the longest and richest debates in the history of legal and political thought. Few thinkers concerned with law have failed to address it, whether to defend justice as the central purpose of law or to dismiss it as an unattainable ideal.

Too often, however, justice has been treated as an abstract value or an intellectual category that can be captured in a precise definition. In doing so, many authors have attempted to confine justice within the rigid boundaries of conceptual analysis, as though it were a universal abstraction.

Aristotle offers a very different understanding. Justice is never an abstract reality. It is always concrete, practical and, to some extent, variable according to the circumstances of each case. It manifests itself in human relationships and must always be understood in light of the structure of the political community, the pursuit of the common good, and the demands of equity. Properly understood, justice is a practical virtue that should guide legal professionals in making decisions that resolve conflicts according to objective standards while remaining oriented toward the common good.

For this reason, justice can exist only in concrete situations. It cannot be fully captured by an abstract and universal definition. Legal rules, which are merely instruments serving legal practice, cannot properly be described as just or unjust. They may be more or less effective, depending on whether they facilitate or hinder the work of legal professionals. They may be appropriate or inappropriate, depending on whether they serve the purposes for which they were enacted. They may be coherent or incoherent, clear or obscure. But justice cannot properly be attributed to rules as such. Only the concrete decision reached by the jurist in a particular case can truly be called just or unjust.

The point may be illustrated by a simple analogy. There is no such thing as a "just glove" in the abstract. A glove is appropriate only insofar as it fits a particular hand. Likewise, justice is not found in legal rules themselves but in the way those rules are employed by the jurist to resolve a concrete dispute.

Law therefore does not admit universally applicable solutions capable of resolving every case in exactly the same way. Every dispute requires a response that is specific, proportionate, and appropriate to its own circumstances.

This is also why Natural Law, at least in its classical understanding, should not be conceived as a complete legal system composed of perfect, immutable, and eternal rules, as some modern theories have suggested. Rather, it refers to a body of universal moral principles inherent in human nature and accessible to practical reason through ordinary common sense, even in the absence of written legislation. As Álvaro d'Ors argued, these principles serve as limits upon positive law, operating through practical reason and sound judgment.

In this sense, common sense may be understood as the practical philosophy of jurists. It is what Elías de Tejada described as the common wisdom of the law: a form of practical knowledge through which we perceive the natural order of things and are guided toward just decisions.

The Jurist's Role: Creating Law Through Practice

From this perspective, the jurist assumes a truly decisive role. Far from acting as a passive executor of statutory commands, legal professionals actively participate in the creation of law.

Lawyers do much more than invoke legal provisions. They develop sophisticated arguments designed to support the claims of those they represent. Judges likewise do more than simply apply legislation. They must interpret, evaluate, and ultimately determine what is quod iustum est—what is truly just—in each individual case. Legal scholarship also contributes to this creative process by providing conceptual frameworks and arguments that enrich legal practice.

Law thus appears as a collective and dynamic enterprise involving many different participants. It is not a closed system imposed from above through legislation alone. Rather, it is a living process that continually develops through the interaction of legal rules, legal argument, and decisions in concrete cases—a process that must always be guided by sound judgment.

A few days ago, during a lecture delivered at the University of Córdoba, my dear colleague Alfredo Cruz Prados asked the students a simple question. Why, he wondered, had they all chosen to sit in the audience instead of taking seats at the speakers' table?

He then explained that no positive law or written rule required them to do so. Rather, their sound judgment had naturally led them to recognize that they were attending the event as members of the audience, not as speakers. Without anyone instructing them, they had spontaneously respected the natural order of the academic gathering.

This is an excellent illustration of how we ordinarily conduct ourselves in everyday life. Most situations do not require detailed legal rules for us to understand our place within a particular relationship or to recognize how we ought to behave. We naturally perceive the role that belongs to us in each circumstance.

This, fundamentally, is how Natural Law operates. It guides us toward the conduct appropriate to each situation through the exercise of sound judgment.

Of course, recognizing the proper order of things does not necessarily mean that we are willing to act accordingly. We may know what sound judgment requires and nevertheless choose to ignore it. It is precisely this gap between knowing what ought to be done and actually doing it that largely explains why positive law is necessary.

Natural Law: Two Different Conceptions

At this point, it is necessary to turn our attention to that legal reality traditionally known as Natural Law, which provides the guidance required for the exercise of sound judgment.

Modernity, especially from the Enlightenment onward, developed a conception of Natural Law grounded in an almost unlimited confidence in the power of abstract reason. According to this view, human reason is capable of discovering and defining the world through purely rational reflection. Consequently, it should also be capable of constructing a universal legal system valid for every society, every historical period, and every conceivable circumstance.

For this reason, most Enlightenment thinkers understood Natural Law as a complete normative system founded upon perfect, immutable, and universally valid rational principles.

This conception, however, is fundamentally mistaken.

Life inevitably exceeds every conceptual system and every general normative classification, because human experience is ontologically prior to legal rules. Even within the sphere regulated by law, human relationships are characterized by an extraordinary degree of complexity, together with an almost infinite variety of circumstances and nuances.

Nevertheless, despite its excessive confidence in the power of reason, this Enlightenment conception profoundly influenced the codification movement and the subsequent development of legal positivism. It reinforced the belief that law could be reduced to a coherent and complete body of rules enacted by the legislature, capable of governing every conceivable legal situation.

Likewise, the jurisprudence inspired by the Pandectist tradition sought to construct a systematic body of legal concepts that could be applied universally to every possible case. In methodological terms, this project suffered from a defect remarkably similar to that of rationalist Natural Law.

As history has shown, the practical consequences of this approach were disastrous. By placing legality above justice, legal positivism made possible some of the gravest injustices of the twentieth century, including those experienced in Europe during the interwar period.

This rationalist conception of Natural Law regarded law primarily as an instrument for organizing society through supposedly rational and universally accepted rules. In doing so, it overlooked a fundamental truth: human life is above all a historical reality rather than a purely rational construction. Social life itself—historically situated and concretely lived—already provides mechanisms that, when guided by sound judgment, enable us to resolve the conflicts that inevitably arise from human interaction.

Anyone can recognize that a reality as immediate and practical as law cannot be identified with abstract conceptual constructions. Law is first and foremost a manifestation of social life. Although it is partially embodied in legal rules, it can never be reduced to them.

Indeed, until the rupture brought about by modernity, legal institutions and legal principles were largely the product of the accumulated practical wisdom of generations of jurists. Law was understood as the historical result of human activity rather than as a timeless logical system detached from lived experience.

The Enlightenment aspiration to construct a permanent and fully rational system of Natural Law inevitably produced rigidity and estrangement from reality. It also raises the suspicion that, by elevating legislation as the supreme expression of Reason, many Enlightenment thinkers unintentionally diminished the role—and with it the independence—of jurists, reducing them to little more than servants of statutory commands and, ultimately, of those who enact them.

The Traditional Conception of Natural Law

Alongside this rationalist understanding of Natural Law, there exists another conception—far older and profoundly different in character. This is the classical tradition of Natural Law.

Rather than presenting itself as an abstract and self-contained legal system, the classical tradition understands Natural Law as a practical activity directed toward preserving social peace through the pursuit of justice. It is not a body of universal rules established once and for all, but a form of practical wisdom that takes shape in experience through the resolution of concrete cases. Its defining features are therefore its historical character, its openness to development, and its responsiveness to changing circumstances.

This approach recognizes that social reality is constantly evolving and that legal solutions must be adapted to particular circumstances. Instead of supplying ready-made answers, classical Natural Law offers criteria that enable jurists to reach prudent and appropriate decisions in individual cases.

For this very reason, the classical conception of Natural Law should not be understood as an abstract rational construct detached from historical experience. Rather, it serves as a critical standard by which political power may be assessed and, when necessary, restrained. Human law, as the formal expression of political authority, does not derive its ultimate moral legitimacy from itself. Its legitimacy depends upon its orientation toward justice and the common good.

Accordingly, the classical tradition neither ignores nor denies the historical diversity of human societies. On the contrary, it incorporates that diversity into its very understanding of law. As St. Thomas Aquinas himself observed, the general principles of the lex naturalis cannot be applied in precisely the same way to every particular situation. For this reason, positive laws must necessarily vary according to the historical and social circumstances of each political community. This explains why classical Natural Law accepts particular solutions and prudent adaptations without abandoning the existence of enduring principles of justice.

In this respect, the classical tradition clearly surpasses the modern rationalist conception of Natural Law. It does not seek to deduce the entire legal order mechanically from abstract and immutable principles. Instead, it understands law as a practical reality, inseparable from both historical experience and the moral dimension of human coexistence.

For this reason, Natural Law performs a dual function. It is juridical, because it provides concrete guidance for legal action and for the interpretation of positive law. At the same time, it is supra-juridical, because it offers a critical standard capable of limiting the legal order itself whenever positive law departs from the demands of justice.

Ultimately, the classical conception of Natural Law offers a richer and more realistic understanding of law than that proposed either by modern rationalism or by normative positivism. Rather than reducing law to an abstract system of rules or logical deductions, classical natural law understands the legal order as a practical, historical enterprise directed toward the achievement of concrete justice.

Precisely because of this, it retains its enduring capacity to function both as a criterion of legal legitimacy and as a limit upon political power, preventing any complete identification of legality with justice. Its continuing relevance lies in its ability to provide positive law with an ethical orientation while remaining fully attentive to the ever-changing complexity of social life.

Conclusion

The classical conception of Natural Law therefore offers a richer and more realistic understanding of law than either modern rationalism or normative legal positivism. Instead of reducing law to an abstract system of rules or logical deductions, classical natural law conceives of the legal order as a practical, historical reality directed toward the achievement of concrete justice.

For that very reason, it continues to serve as both a criterion of legal legitimacy and a limit on political power, preventing the complete identification of legality with justice. Its enduring relevance lies in its ability to provide positive law with an ethical orientation while remaining fully responsive to the changing complexity of social life.