La clausura de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (marzo de 2026) se caracterizó por la ausencia de un consenso final, lo que se interpreta como un cambio significativo en la dinámica internacional. Varios países, entre ellos Estados Unidos, Argentina, Guinea y Burundi, optaron por oponerse o abstenerse, lo que refleja una creciente reticencia a apoyar determinadas orientaciones políticas globales.No se aprobaron propuestas clave como la de declarar el aborto un derecho universal y adoptar definiciones más amplias de género.En general, el resultado supone un punto de inflexión parcial, pero significativo. Cada vez es más difícil alcanzar el consenso internacional y son más los países dispuestos a cuestionar las agendas predominantes.