El artículo adjunto, El peso de la púrpura: la elevada responsabilidad de la profesión de juez en España, de la jueza y profesora de Filosofía del Derecho, Cristina Caja Moya, analiza la función judicial en el Estado constitucional español a través de la metáfora de la púrpura, símbolo histórico de autoridad y sacrificio. La autora sostiene que la toga judicial representa hoy la herencia de ese símbolo, no como un privilegio, sino como una carga de servicio público que exige imparcialidad, independencia y una elevada responsabilidad ética.
El trabajo comienza con un recorrido histórico por el significado de la púrpura en la Antigüedad, especialmente en Roma y Bizancio, donde estaba reservada a quienes ejercían el poder supremo y simbolizaba tanto autoridad como sacrificio personal. Esta simbología se traslada a la judicatura contemporánea: la toga despersonaliza al juez y lo convierte en servidor de la ley y del Estado, obligándolo a renunciar a intereses privados y a someterse a estrictos deberes deontológicos.
Desde una perspectiva constitucional, el artículo examina la evolución del juez desde la concepción ilustrada de Montesquieu hasta su papel actual como intérprete activo del ordenamiento jurídico. En el Estado constitucional, el juez no se limita a aplicar la ley, sino que debe interpretarla conforme a la Constitución, garantizando la tutela judicial efectiva y la protección de los derechos fundamentales. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos refuerza esta idea al considerar la independencia y la imparcialidad como elementos esenciales del derecho a un proceso justo.
La autora destaca como núcleo del “peso de la púrpura” los deberes éticos del juez, en especial la imparcialidad entendida como una actitud activa frente a sesgos y presiones externas. Asimismo, subraya la soledad del decisor y el impacto humano de las resoluciones judiciales, que pueden afectar de forma irreversible a la vida de las personas.
Finalmente, se analizan los principales retos actuales de la judicatura española: la politización de la justicia, la presión mediática, la sobrecarga de trabajo, la falta de medios y los desafíos tecnológicos, especialmente la inteligencia artificial. El artículo concluye que preservar la independencia judicial y la dimensión humana del juzgar es indispensable para la vigencia del Estado de Derecho.